Los presidencialismos y sus crisis. Bolivia en perspectiva comparada

A casi  treinta años del inicio de la tercera ola de la democratización en América Latina, varios países de la región experimentan diversos grados de inestabilidad a pesar de que están presentes varias de las condiciones básicas de las democracias. En 2019 se han presentado varios episodios que han cristalizado tal inestabilidad: las protestas en Chile, el autoritarismo en Venezuela, las tendencias autoritarias y por tanto represivas en Nicaragua, la polarización en México, Brasil y Perú, solo por mencionar. Dicha inestabilidad se ha tratado de interpretar a partir de posiciones ideológicas extremas y en cierto grado simplistas pero con un alto impacto en el discurso, las izquierdas y las derechas en la región (políticos e intelectuales por igual) utilizan una retórica schmittiana con el objetivo de anular al adversario sin asumir responsabilidades de la situación. Una variable constante de estas crisis sigue siendo institucional: la rigidez del sistema presidencial. El caso de la crisis constitucional en Bolivia en 2019 que implicó la renuncia del presidente Evo Morales y que algunos han calificado de “Golpe de Estado”,  utilizando de manera forzada dicha categoría, es producto precisamente de esa rigidez del sistema presidencial. Ni siquiera la Constitución de 2009, con apenas diez años en funcionamiento y a pesar de la incorporación de elementos que reconocen la cualidad plurinacional de ese país, logró superar una crisis entre gobierno y oposición, lo que abrió la ventana para deslizar una solución “sugerida” por las fuerzas armadas.

El presidencialismo es una forma de gobierno que esencialmente centra las capacidades de la acción gubernamental en una figura unitaria: el Presidente. No solo es jefe del gobierno y por lo tanto de la administración pública, sino que también es Jefe de Estado, y consecuentemente representante supremo de una comunidad política. Esta doble función genera problemas si los otros poderes no son autónomos e independientes, si el sistema de partidos no está institucionalizado y esta fragmentado, y si no existe una profunda interiorización del rule of law. Súmese a la baja calidad de la persecución de los delitos y la pésima impartición de la justicia. En América Latina cometer delitos y corromperse, en suma, violar sistemáticamente la ley, tienen un costo muy bajo y beneficios muy altos. Quienes aspiran a la presidencia en América Latina, suelen presentarse en cada campaña electoral como la encarnación de la solución a todos los problemas sociales que padecen los ciudadanos. Cuando las situaciones de encono se agravan, esta lógica adquiere el matiz “Cesarista” en sentido gramsciano. Tal y como lo señaló en 1939 Peralta Pizzarro, el Cesarismo en la región es esa solución arbitraria y centrada en una personalidad, que se presenta como necesaria ante la incapacidad de los actores colectivos de encontrar soluciones profundas fundadas en acuerdos que reconozcan el pluralismo. Esta lógica ha permanecido en mayor o menor medida a lo largo del tiempo, y aflora con fuerza cuando los sistemas políticos no logran procesar las demandas del sistema social, y sobre todo cuando las respuestas tienen baja eficiencia y efectividad. A diferencia de los sistemas parlamentarios, en los sistemas presidenciales las crisis de gobierno se puede convertir en una crisis del sistema. En los parlamentarismos la destitución o sustitución del Ejecutivo, encarnado en el Jefe de Gobierno es natural y hace fluida la política entre facciones. Ello puede suceder por la vía electoral o por la reconfiguración de las coaliciones gobernantes. Los partidos, organizados claramente como gobierno y oposición, están obligados a respetar en mayor medida el compromiso institucional, pues son copartícipes del funcionamiento del gobierno desde el parlamento. El Jefe de Estado está por encima de las reyertas entre partidos, por lo tanto es un árbitro pero también es un símbolo de la estabilidad. En los presidencialismos latinoamericanos, la fusión de esta figura en una sola persona, y sin un adecuado funcionamiento de los otros poderes, genera que la crisis de un gobierno se convierta en la crisis del sistema en sí.

La crisis constitucional en Bolivia de noviembre de 2019 puede entenderse entonces como resultado de los defectos del diseño presidencial en ese país y también y sobre todo, la tendencia de los líderes políticos a no respetar la reglas democráticas. Una democracia solo funciona si las reglas para acceder, permanecer y salir del juego político se mantienen estables a lo largo del tiempo, si las reglas cambian constantemente no se genera confianza en la democracia, pero si los líderes las interpretan a su modo, si las cambian para favorecer a su grupo, partido o movimiento; o si las desconocen abiertamente, solo se pueden esperar resultados como la instabilidad o crisis del sistema. La Constitución Boliviana de 2009 incorporó reivindicaciones históricas sustanciales como el reconocimiento de los derechos indígenas no como sujetos tutelados por el Estado sino como ciudadanos plenos que participan en la política. Pero esa misma Constitución también creó un intrincado sistema de pesos y contrapesos que, sin la debida institucionalidad, sucumbió a la cooptación de un partido-movimiento, que vió en las nuevas instituciones una agencia de colocación de partidarios en empleos públicos.

No hay duda que el liderazgo de Evo Morales fue esencial para modificar las relaciones de poder en Bolivia, que hasta antes de su llegada favorecían a una oligarquía. No solo se convirtió en el primer presidente indígena en sus casi 200 años de historia independiente, en un país dónde hasta finales del siglo XX casi la mitad de la población se asumía como indígena, también encabezó una serie de reformas económicas para modificar el rol del Estado en la economía, sobre todo con la nacionalización de la industria de los hidrocarburos en 2006.  Su renuncia no solo obedeció a las circunstancias de un momento derivado de dudas sobre la limpieza de un proceso electoral, sino que solo es el resultado de su obcecada inclinación a perpetuarse en el poder. Apoyándose en su partido movimiento manipuló al Tribunal Electoral y al Tribunal Constitucional para presentarse a una cuarta elección, aún cuando la Constitución que el mismo promovió la prohibía explícitamente. Manipuló para promover una pregunta engañosa en un referéndum en 2016 que al final fue muy claro, el 52% dijo que no esta a favor de su reelección, un indicio de que algo no iba bien. El uso faccioso de las instituciones judiciales y la falsa invocación de los derechos humanos en 2017, le permitió presentarse finalmente como candidato en 2019. Los indicios de fraude en la primera vuelta fueron solo la gota que derramó el vaso para provocar una crisis que ni su actitud conciliadora podía frenar. La oposición jugó sus cartas igualmente, apoyada en un alto porcentaje de votos que favorecía al segundo competido en la contienda presidencial. Apelar al fraude no es un comportamiento extraño de las oposiciones tanto de izquierda como de derecha cuando los resultados son cerrados, es una estrategia racional para tratar de incidir en la balanza.

Pero el resultado no hubiera sido tan grave si la ruptura de la coalición gobernante no estuviera signada por la presencia de los militares. Evo Morales como gobernante se apoyó en el sector militar para promover políticas públicas, y esa intervención los politizó. De otra manera no se entiende que a partir de una titubeante sugerencia de un militar que hasta hacía pocas semanas era su aliado, desencadenara una crisis.  El caso de Bolivia es muestra de los síntomas que padece la democracia en América Latina: la dificultad de consolidarla por la vía institucional y la tendencia de los líderes y partidos políticos a polarizar las posiciones políticas al extremo. Izquierda y Derecha ya no son posiciones antitéticas como decía Norberto Bobbio, sino posiciones pobres en ideas, pragmáticas en sus proyectos y oportunistas frente a la ciudadanía. El futuro inmediato de la democracia en América Latina es preocupante.

El modelo de gestión electoral en México en la encrucijada o porqué (no) deben desaparecer los OPLES

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No importa quien vota, sino quien cuenta los votos”, dijo en 1934 Joseph Stalin. Si la frase es o no de él, si encierra la lógica que existe detrás de quienes tienen el poder y desean controlarlo todo.

En los últimos meses, semanas entre mayo y junio de 2019, se ha discutido en México una posible reforma constitucional y a las leyes secundarias que contempla entre otras cosas la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), es decir, las instituciones que gestionan administrativamente los procesos electorales en los estados. El origen de tales instituciones derivó no solo del efecto de diversas reformas a nivel nacional en los años 90 del siglo XX, sino también fueron una muestra de la dinámica del federalismo, una cuestión que no ha sido bien atendida y entendida.

Su posible desaparición está planteada en una iniciativa de Ley presentada el 8 de abril de 2019 por el diputado  Sergio Gutiérrez Luna de Morena (partido que tiene la mayoría en la Cámara de diputados)  y que apenas se lee, es indescifrable, mal redactada, poco seria y llena de lugares comunes. Pero creo que por guardar las apariencias y en la era de la dictadura de la corrección política nadie se lo ha dicho al diputado. Si esta iniciativa hubiera sido presentada por cualquier otro, como las tantas que se presentan quizá no generaría mayor atención, y como muchas tantas terminaría en la “congeladora”. Pero dicho diputado ha encontrado eco entre sus camaradas y se ha empeñado en impulsarla.

Salta a la vista que quienes han salido a defender a los OPLES han sido los propios miembros de tales organismos. No solo en los medios podemos encontrar muchos artículos y entrevistas que hablan de las bondades de un sistema de gestión electoral mal diseñado entre 2013 y 2014 y que deja a los OPLES con pocas atribuciones, esenciales, importantes, pero pocas, y aumentó las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) y nos dejó varios ladrillos de legislación electoral que requiere hiper-especialización para descifrarla. En las mesas que han sido organizadas en la Cámara de Diputados hemos visto en su mayoría a diputados, miembros de los tribunales electorales y de los mismos organismos electorales, y muy pocas voces externas. Como es natural, los miembros de los OPLES y de los Tribunales han señalado los problemas que traería consigo su desaparición. Pero si el problema fuera técnico y legal -simplemente-, sería bueno que los diputados los escucharan y atendieran sus recomendaciones. Pero ojo, el problema no es técnico ni legal, el problema es político (vaya, gran descubrimiento). Y al escuchar solo a los mismos miembros de tales organismos los diputados observan resistencias que en el fondo solo fortalecen su punto de vista. ¿Cuántas de las recomendaciones que se han vertido en dichos foros podrían incorporarse al bodrio de iniciativa de reforma?

Expliquemos, una reforma electoral es impulsada por los partidos, es decir, por los jugadores de las elecciones. Si éstas son cerradas, las reformas tendrían que ser consensuadas, so pena que el juego no sea legítimo desde antes de jugarse y con las consecuencias negativas que ello supone. Pero cuando un partido tiene la mayoría, es políticamente predecible que desee cambiar las reglas para beneficiarse y mantener su estatus quo. La iniciativa de Morena no tiene ninguna intención de mejorar el sistema de gestión electoral, ni tiene el objetivo de corregir el bodrio que dejó la reforma de 2014, que en parte si mejoró algunas cosas, como la profesionalización e independencia, el objetivo es acaparar los espacios con sus simpatizantes para controlar el arbitraje de las siguientes elecciones y por tanto incidir en los resultados. Quienes crean que dicha reforma es producto de una mentalidad similar a de la Compañía de las hijas de la Caridad están simplemente equivocados. Ni siquiera el supuesto asunto de la austeridad -una patraña que requiere un análisis por separado- justifica ese intento por asaltar a las instituciones que organizan las elecciones.

Una cosa es el sistema de gestión electoral y otro es el sistema electoral. El sistema electoral es la conversión de votos en escaños o en cargos públicos, es mayoritario, proporcional o mixto, es con boletas abiertas o cerradas, es con voto único o múltiple. Morena también desea cambiar al sistema electoral, como desaparecer los cargos de representación plurinominales, reducir la cámara de diputados y de senadores, todo con el objetivo de aumentar y mantener su dominio en la política, desea ser precisamente el nuevo PRI y ha encontrado la piedra filosofal: la austeridad.

La gestión electoral puede ser centralizada o descentralizada, nacional o federal, gubernamentales o independientes o mixtos, puede ser unificada en un solo órgano, o compartida con varios órganos. Pueden existir órganos temporales o permanentes. Todo depende de que se quiere resolver y cómo se quiere resolver. En las democracias consolidadas los modelos son por lo regular gubernamentales, temporales y locales.

Pero las nuevas democracias, que son en sí regímenes híbridos, es decir, que combinan instituciones democráticas con prácticas por lo regular autoritarias, la gestión electoral eficiente y que ha ayudado a sembrar la democracia, es precisamente el modelo independiente, permanente, autónomo y en el caso de México, federalizado. La democracia mexicana es aún frágil, tenemos graves déficits en estado de derecho, en el respeto por los derechos humanos, creemos que la democracia es un fin, cuando en realidad es un medio, más aún, se ha puesto en entredicho las virtudes de la democracia representativa y sus efectos, cuando gracias a ésta es que se puede hablar de libertad y otros derechos esenciales. Los organismos electorales autónomos y fortalecidos juegan un papel esencial en regímenes democráticos débiles. Una de sus principales tareas es la difusión de los valores democráticos. Quizá los OPLES lo han hecho, pero quizá les ha faltado profundizarlos y coadyuvar a enraizarlos en la ciudadanía, por eso tienen pocos defensores fuera de su ámbito, pero eso no justifica su desaparición. Más allá de ello, no se puede aceptar como legítima una reforma impuesta por la tiranía de la mayoría, las mayorías pueden equivocarse, y ya estamos sufriendo las consecuencias.

La Segunda Vuelta Electoral: orígenes, tipología y efectos

Portada Final

La segunda vuelta electoral (SVE) es una variante de los sistemas de mayoría; opera como un mecanismo de desempate cuando en una elección entre dos o más candidatos ninguno obtiene la mayoría absoluta en una primera vuelta, entonces por lo regular los dos candidatos más votados pasan a una segunda elección en la cual obtiene el cargo el más votado. La SVE progresivamente se ha incorporado en gran parte de los sistemas presidenciales latinoamericanos bajo la idea de que el ganador así elegido obtiene mayor legitimidad. Empero, esto no es así. La legitimidad electoral es importante, pero no es suficiente, ya en el cargo ésta puede aumentar o disminuir de manera cotidiana. La SVE crea una legitimidad artificial por lo cual su implementación y alcances deben ser comprendidos.
En este ensayo se analizan sistémicamente sus efectos mecánicos, y también sus “efectos no esperados”, así como sus consecuencias poco observables en relación a la gobernabilidad democrática de los sistemas presidenciales latinoamericanos. Se rastrean los orígenes medievales de las elecciones a varias vueltas (ballottaggio) en las primeras repúblicas de Venecia, Florencia y Génova, hasta su incorporación en los sistemas políticos modernos derivado del desarrollo de la lógica mayoritaria como expresión de la voluntad del pueblo. Se define operativamente la SVE y sus variantes, y se contrasta comparativamente con las características del presidencialismo latinoamericano. A partir de una selección de casos paradigmáticos derivado de la ponderación de sus efectos, se examinan sus consecuencias sobe la estabilidad de los sistemas políticos. Finalmente se analizan las propuestas de implementación en México y sus posibles consecuencias a la luz de la experiencia latinoamericana.
Para descarga:
Researchgate: https://bit.ly/2Kbx08Z
Selected works: https://bit.ly/2Il2JlD
Desde la página del IEEM: https://bit.ly/2Gl4gXp

Los gobiernos no escriben la Historia

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Por F. Barrientos

La Historia política de la humanidad está repleta de ejemplos en los cuáles los gobernantes han tratado de otorgar a los gobernados un conjunto de símbolos basado en una relectura de los hechos del pasado para darle sentido a su presente. Denominar a un periodo de gobierno a partir de una interpretación sesgada de los hechos del pasado es un acto arbitrario que se funda en la necesidad del reconocimiento del que gobierna por quienes son gobernados, una especie de sentimiento de inferioridad moral de propios líderes ó preludio de un fracaso que desea ser evitado tratando de entrar en las mentes de las personas con el objetivo de legitimarse en una lógica de continuidad con el eterno ayer.

Quizá uno de los ejemplos más antiguos es el poema épico la Eneida, escrita por Virgilio “por encargo” del primer emperador romano, Octavio Augusto, sucesor de César en el siglo I a.c. El poema trata precisamente de la vida de Eneas, héroe de la guerra de Troya, quien escapa en la noche en la cual es asaltada la ciudad, y vaga durante siete años en la búsqueda de la tierra que los dioses han prometido. Después de varias peripecias similares a las que sufre Ulises en la Odisea de Homero, desembarca en Sicilia, donde una Sibila le deja hablar con las almas que construirán el Imperio Romano, desde los primeros reyes hasta Augusto, quien precisamente usó esta historia para justificar su linaje y por lo tanto legitimar su gobierno.

En el siglo XX, los intentos de reinterpretar la historia fueron obra de los regímenes más nefastos. Benito Mussolini en Italia en los años veinte instauró un conjunto de iniciativas orientadas a crear un culto hacia “el nuevo Estado”, se incorporaron al lenguaje político cotidiano palabras tales como “austeridad” frente a “fastuosidad”, la “voluntad del pueblo” frente a “destino”; “Victoria”, “Gloria”, y “Reconocimiento” sustituyeron “sacrificio”, “holocausto” y “caídos”, términos y palabras que signaban apenas los eventos del pasado reciente. El fascismo se afirmaba como una autorepresentación de la restauración de la grandeza del pasado de la antigua Roma, y trató a toda costa de entrar en las mentes de las personas como la “solución” a los males de la época. Por su parte, el nazismo en Alemania en los años treinta impuso la idea del “Tercer Reich”, pues se autoconsideraban como sucesores históricos del Sacro Imperio Romano (962-1806) y del moderno Imperio Alemán (1871-1918), y como sabemos, se fundaba en un fuerte sentido nacionalista, racista e imperialista.

Intentar reescribir la historia desde la cima del poder político siempre tiene efectos adversos a los objetivos que se buscan. Tiene efectos temporales, puede ayudar a legitimar al gobierno en turno; pero la legitimidad se gana o se pierde día a día, por lo que los usos políticos de la historia por lo regular tienen efectos menores y a corto plazo. Fácilmente se olvidan esos esfuerzos, como se observaba en los dos primeros siglos del Imperio Romano: a la caída de los emperadores, a sus estatuas solo se les cambiaban las cabezas por las del nuevo emperador, a pesar de sus intentos por trascender el tiempo en la memoria colectiva. La Italia fascista y la Alemania nazista no pasaron a la historia como sucesoras de grandes proyectos políticos, sino como tragedias que nos recuerdan hacia dónde no debemos orientar la acción política. Al final, quienes escriben la historia juzgan esas denominaciones que los gobiernos en turno tratan de imponer.

Estos y otros ejemplos deberían alertar a Andrés Manuel López Obrador, a sus seguidores, y a aquellos que acríticamente han adoptado el término “Cuarta transformación”, que se basa precisamente en un intento absurdo y sesgado de interpretar la historia, pero mas aún, que esconde un miedo a ser señalado en el futuro por su factible fracaso. Lo malo de esta historia es que para la mala suerte de México, y al menos por lo que se observa en sus primeros días de gobierno, se están empeñado en que ello sea posible. Que los gobernantes se dediquen a gobernar, que ya serán otros los que escriban sobre sus aciertos y fracasos.

 

 

El peso de la derrota ¿a dónde van los ex-candidatos presidenciales?

Los sistemas presidenciales se caracterizan por tener elecciones de suma cero, es decir, el que gana se lleva todo. Es natural porque los sistemas son de mayoría (relativa o absoluta con segunda vuelta), donde los restos no cuentan, no tienen representación, se desperdician. En las campañas electorales por alcanzar la presidencia, partidos y candidatos invierten esfuerzos políticos, monetarios, humanos, etc., pero al final solo uno ganará. Perder una elección presidencial puede significar para muchos políticos el fin de su carrera, en cambio, otros utilizan la exposición pública para mantener viva su carrera. Empero pesará sobre ellos la imagen de candidato perdedor. No es lo mismo ser el perdedor que quedó en segundo lugar ó el tercer lugar, o un perdedor que por el simple hecho de competir en la elección presidencial pasará a la historia como uno de los candidatos.

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En México (1994-2018) el número de candidatos no ha sido muy elevado, salvo el caso de la elección de 1994. Dominan los hombres como candidatos, pero se ha mantenido la presencia de al menos una candidata, con excepción del año 2000. Cabe recordar que en el año 1994, se presentaron dos candidatas mujeres, una de ellas con una amplio historia familiar en la política. Los partidos han optado por participar en coalición, lo que implica que el impacto de la la derrota se centra en el candidato. Lo cual es mayormente significativo cuando el partido pierde el registro, como sucedió con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido de Centro Democrático (PCD) y el Partido Democracia Social (DS) en el año 2000. Pero mientras para los dos primeros significó su desaparición, para el tercero supuso el lanzamiento de la socialdemocracia en el país, apareciendo como un partido nuevo en el 2003. Para las elecciones de 2012 y 2018 dejan de aparecer los “partidos plataforma”, como el PCD en el 2000 o el Socialdemócrata en el 2006, centrados en el candidato presidencial. La novedad del 2018 el es “partido movimiento”, centrado en el candidato presidencial (líder carismático en el sentido weberiano) pero con una amplitud que permea otros cargos: gobernadores, legisladores y presidentes municipales, pero la estructura gira en torno del líder-candidato-presidencial, sin posibilidad de que los seguidores sobresalgan si no es por la gracia del dirigente carismático.

Un número importante de ex-candidatos se mantienen en la política partidista y se postulan para otros puestos de elección: Cárdenas perdió en 1994, pero en 1997 ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Diego Fernández perdió en 1994 pero se convirtió en Senador en el año 2000; Francisco Labastida perdió en el año 2000, pero en el 2006 fue elegido senador. Manuel Camacho perdió en el año 2000 y fue postulado a diputado en 2003, y fue senador en 2012.

Otros candidatos perdedores se mantienen en la política sin optar de nuevo por cargos de elección, Muñoz Ledo renunció a su candidatura a favor de Vicente Fox en el año 2000 y hoy es cercano a López Obrador, Rincón Gallardo se mantuvo activo en la política hasta su muerte, y Cecilia Soto ha trabajado en los medios y como funcionaria. Josefina Vázquez Mota, a pesar de haber perdido, en parte por las pugnas al interior de su partido y el nulo apoyo del grupo del entonces Presidente en turno, Felipe Calderón, se ha mantenido en la política pero volvió a acumular otra derrota en 2017 al quedar en cuarto lugar en la elección de gobernador del Estado de México.

El caso quizá más interesante es el del candidato que una vez derrotado es exiliado de la política por sus propios correligionarios. Roberto Madrazo tiene una historia similar a la del actual (2018) candidato del PAN Ricardo Anaya. Logró imponerse como presidente de su partido y luego como candidato del PRI. Pero en su ambición por ser candidato polarizó a los miembros del partido, que se mantuvieron unidos mientras fue candidato, pero una vez que perdió, desapareció prácticamente de la política.

Perder una elección presidencial no es el fin de una carrera política, pero es claro que las cosas no volverán a ser iguales, ni mejores. La derrota pesará como una loza durante el resto de su carrera.

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¿Para que sirve un debate?

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Decía Cicerón en De la Invención retórica, que la habilidad de la retórica o elocuencia, es un oficio que tiene por objeto decir las palabras adecuadas para persuadir, sin olvidar que puede ser tanto para un bien como para un mal. Cicerón señalaba que la sabiduría sin elocuencia estorba igual a los hombres como a las ciudades. La elocuencia trata de persuadir a los hombres a que cambien su naturaleza o sus costumbres. Pero en las grandes ciudades, pueden aparecer hombres incultos que mienten en sus discursos, y pueden aparecer como superiores a los veraces. Así las repúblicas se han corrompido por aquellos que perversamente violaron el don de la elocuencia. Pero también su estudio y práctica debiera ser una actividad honrosa porque los malos por mucha elocuencia que tengan nunca podrán superar a los buenos.

Max Weber por su parte, consideró que en las sociedades modernas más que nunca la política se hace cada vez de cara al público, y con los medios de comunicación actuales -la radio, la televisión y la internet- el público se desdobla en el espacio y en el tiempo. El medio del político es entonces la palabra, y su buen uso político con la lucha y la pasión. Pero la demagogia siempre está presente, pues es una fuente de convencimiento de los políticos, pero también es la raíz de la degradación de la democracia.

Técnicamente un debate político entre quienes desean alcanzar un cargo público debería permitir a los electores observar en los políticos su capacidad de persuadir, de tratar de cambiar nuestra percepción sobre la política, sobre el gobierno y los problemas públicos. Pero un político que solo habla frente a una cámara sin confrontación, sin contraste de ideas, sin comparación, es simplemente un demagogo. ¿Es posible distinguir la calidad de un político respecto de otro si todos se someten a un formato que los homogeneiza? La retórica del buen político debería imponerse sobre aquella del mal político si las palabras fluyen ¿Cómo podemos distinguir esa capacidad oratoria cuando se permite que el peso de las inercias burocráticas se impongan sobre aquello que debería?

Estos son los problemas de la organización de debates entre candidatos en las elecciones de 2018 que prácticamente todas las instituciones electorales (nacional y locales) de México han repetido como si fuera un acuerdo general: estandarizar, homogeneizar, burocratizar, limitar, imponer temas y sometimiento de la capacidad oratoria. El diseño de los debates electorales en México pondría a Max Weber contento (o triste, depende) por ver cumplida su profecía de la tendencia burocratizadora de las actividades humanas, y más aún, del autosometimiento a la estandarización en pro de la democracia. Algo tremendamente inaudito y sobrecogedor.

La posibilidad de observar y evaluar en su hábitat a los políticos que desean el voto de los ciudadanos deberían ser precisamente los debates. La solución por supuesto que no es burocrática no estandarizadora, sino que podría estar inspirada en la lógica de los Hermanos Marx o si desean de la pluma de Jorge Ibargüengoitia: lanzarlos a un ruedo, y que libremente hablen, se confronten, se comparen. Que se muestren como son a los ciudadanos. Un debate no es para proponer ideas y soluciones, eso se hace en el programa del partido ó el candidato y se promueve en las campañas. Un debate no es declarar buenas ideas, sino de desenmascarar las malas. Ojalá y reaccionemos pronto.