El modelo de gestión electoral en México en la encrucijada o porqué (no) deben desaparecer los OPLES


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No importa quien vota, sino quien cuenta los votos”, dijo en 1934 Joseph Stalin. Si la frase es o no de él, si encierra la lógica que existe detrás de quienes tienen el poder y desean controlarlo todo.

En los últimos meses, semanas entre mayo y junio de 2019, se ha discutido en México una posible reforma constitucional y a las leyes secundarias que contempla entre otras cosas la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), es decir, las instituciones que gestionan administrativamente los procesos electorales en los estados. El origen de tales instituciones derivó no solo del efecto de diversas reformas a nivel nacional en los años 90 del siglo XX, sino también fueron una muestra de la dinámica del federalismo, una cuestión que no ha sido bien atendida y entendida.

Su posible desaparición está planteada en una iniciativa de Ley presentada el 8 de abril de 2019 por el diputado  Sergio Gutiérrez Luna de Morena (partido que tiene la mayoría en la Cámara de diputados)  y que apenas se lee, es indescifrable, mal redactada, poco seria y llena de lugares comunes. Pero creo que por guardar las apariencias y en la era de la dictadura de la corrección política nadie se lo ha dicho al diputado. Si esta iniciativa hubiera sido presentada por cualquier otro, como las tantas que se presentan quizá no generaría mayor atención, y como muchas tantas terminaría en la “congeladora”. Pero dicho diputado ha encontrado eco entre sus camaradas y se ha empeñado en impulsarla.

Salta a la vista que quienes han salido a defender a los OPLES han sido los propios miembros de tales organismos. No solo en los medios podemos encontrar muchos artículos y entrevistas que hablan de las bondades de un sistema de gestión electoral mal diseñado entre 2013 y 2014 y que deja a los OPLES con pocas atribuciones, esenciales, importantes, pero pocas, y aumentó las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) y nos dejó varios ladrillos de legislación electoral que requiere hiper-especialización para descifrarla. En las mesas que han sido organizadas en la Cámara de Diputados hemos visto en su mayoría a diputados, miembros de los tribunales electorales y de los mismos organismos electorales, y muy pocas voces externas. Como es natural, los miembros de los OPLES y de los Tribunales han señalado los problemas que traería consigo su desaparición. Pero si el problema fuera técnico y legal -simplemente-, sería bueno que los diputados los escucharan y atendieran sus recomendaciones. Pero ojo, el problema no es técnico ni legal, el problema es político (vaya, gran descubrimiento). Y al escuchar solo a los mismos miembros de tales organismos los diputados observan resistencias que en el fondo solo fortalecen su punto de vista. ¿Cuántas de las recomendaciones que se han vertido en dichos foros podrían incorporarse al bodrio de iniciativa de reforma?

Expliquemos, una reforma electoral es impulsada por los partidos, es decir, por los jugadores de las elecciones. Si éstas son cerradas, las reformas tendrían que ser consensuadas, so pena que el juego no sea legítimo desde antes de jugarse y con las consecuencias negativas que ello supone. Pero cuando un partido tiene la mayoría, es políticamente predecible que desee cambiar las reglas para beneficiarse y mantener su estatus quo. La iniciativa de Morena no tiene ninguna intención de mejorar el sistema de gestión electoral, ni tiene el objetivo de corregir el bodrio que dejó la reforma de 2014, que en parte si mejoró algunas cosas, como la profesionalización e independencia, el objetivo es acaparar los espacios con sus simpatizantes para controlar el arbitraje de las siguientes elecciones y por tanto incidir en los resultados. Quienes crean que dicha reforma es producto de una mentalidad similar a de la Compañía de las hijas de la Caridad están simplemente equivocados. Ni siquiera el supuesto asunto de la austeridad -una patraña que requiere un análisis por separado- justifica ese intento por asaltar a las instituciones que organizan las elecciones.

Una cosa es el sistema de gestión electoral y otro es el sistema electoral. El sistema electoral es la conversión de votos en escaños o en cargos públicos, es mayoritario, proporcional o mixto, es con boletas abiertas o cerradas, es con voto único o múltiple. Morena también desea cambiar al sistema electoral, como desaparecer los cargos de representación plurinominales, reducir la cámara de diputados y de senadores, todo con el objetivo de aumentar y mantener su dominio en la política, desea ser precisamente el nuevo PRI y ha encontrado la piedra filosofal: la austeridad.

La gestión electoral puede ser centralizada o descentralizada, nacional o federal, gubernamentales o independientes o mixtos, puede ser unificada en un solo órgano, o compartida con varios órganos. Pueden existir órganos temporales o permanentes. Todo depende de que se quiere resolver y cómo se quiere resolver. En las democracias consolidadas los modelos son por lo regular gubernamentales, temporales y locales.

Pero las nuevas democracias, que son en sí regímenes híbridos, es decir, que combinan instituciones democráticas con prácticas por lo regular autoritarias, la gestión electoral eficiente y que ha ayudado a sembrar la democracia, es precisamente el modelo independiente, permanente, autónomo y en el caso de México, federalizado. La democracia mexicana es aún frágil, tenemos graves déficits en estado de derecho, en el respeto por los derechos humanos, creemos que la democracia es un fin, cuando en realidad es un medio, más aún, se ha puesto en entredicho las virtudes de la democracia representativa y sus efectos, cuando gracias a ésta es que se puede hablar de libertad y otros derechos esenciales. Los organismos electorales autónomos y fortalecidos juegan un papel esencial en regímenes democráticos débiles. Una de sus principales tareas es la difusión de los valores democráticos. Quizá los OPLES lo han hecho, pero quizá les ha faltado profundizarlos y coadyuvar a enraizarlos en la ciudadanía, por eso tienen pocos defensores fuera de su ámbito, pero eso no justifica su desaparición. Más allá de ello, no se puede aceptar como legítima una reforma impuesta por la tiranía de la mayoría, las mayorías pueden equivocarse, y ya estamos sufriendo las consecuencias.

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